El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de varios artículos de ley de víctimas policiales

El Tribunal Constitucional (TC) mantiene la suspensión de varios de los artículos de la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales. Así lo anuncia en su página...
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El Tribunal Constitucional (TC) mantiene la suspensión de varios de los artículos de la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales. Así lo anuncia en su página web el TC en un auto fechado el 3 de octubre en el que señala que “mantiene la suspensión parcial” acordada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999″.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por esta decisión del TC, ha reconocido que no conoce todavía el contenido de dicho auto y ha señalado que si se confirma que se mantiene la suspensión de varios artículos de la ley sería una “mala”, una “pésima” noticia.

Esa suspensión, ha añadido, retrasaría, hasta que se produjera una sentencia final sobre el fondo del asunto, la extensión del reconocimiento al conjunto de las víctimas de la violencia.

El Gobierno Vasco presentó ante el TC un documento de alegaciones contra el recurso del Ejecutivo central a la citada ley, después de que el alto tribunal dictaminara la suspensión temporal de varios artículos.

El Gobierno español argumenta, entre otras cuestiones, que la comisión de valoración que crea la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial, porque ésta es una labor que corresponde a los jueces.

Ante estos argumentos, el Ejecutivo autonómico solicitó en sus alegaciones anular la suspensión cautelar de los artículos impugnados porque considera que la ley encaja en los requerimientos del derecho internacional, es constitucional y tiene “plena seguridad jurídica”.

Así, el Gobierno Vasco sostiene su encaje legal porque defiende que el reconocimiento y reparación de víctimas se plasma en el ámbito administrativo y no en el penal.

Asegura que la invasión de competencias jurisdiccionales es “inexistente” y argumenta que el objetivo de la norma “es el reconocimiento y la reparación, no la sanción”, ya que el texto “respeta la prevalencia de la jurisdicción penal”.

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