PNV, EH Bildu y Podemos acuerdan blindar el derecho al empleo y los ingresos mínimos

PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han respaldado hoy un texto con el que pretenden que el futuro Estatuto vasco blinde los derechos sociales como el acceso a un...
Ponencia autogobierno

PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han respaldado hoy un texto con el que pretenden que el futuro Estatuto vasco blinde los derechos sociales como el acceso a un empleo, a unos ingresos mínimos dignos y a la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres.

La Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, que hoy culmina sus trabajos de redacción de una propuesta de nuevo Estatuto, ha acordado el borrador de Derechos de Ciudadanía y otro más concreto de Derechos de Mujeres. No ha sido avalado por el PSE-EE ni por el PP.

También ha salido adelante, solo con el aval del PNV y de EH Bildu, el capítulo de “Relaciones con la Unión Europea, Organismos Internacionales y Política Exterior”.

En el apartado de derechos y deberes, el nuevo texto estatutario articulado, explica el documento, situará los contenidos sociales en el centro del autogobierno como vertebrador “del proyecto de país”.

El blindaje de los derechos sociales, añade, conllevará la necesidad de habilitar la consignación presupuestaria necesaria para la satisfacción de los mismos para que no quede al albur de las mayorías gubernamentales la posibilidad de alterar esos derechos a través de leyes ordinarias.

Los ciudadanos, señala, tendrán derecho a un ingreso suficiente para la cobertura de sus necesidades que les permita llevar una vida digna “estando por encima del umbral de la pobreza”.

En la redacción de este artículo se señala que los vascos tienen derecho a un empleo, a la libre elección de profesión, a la no discriminación en el trabajo, a una remuneración equitativa y digna y a una protección eficaz frente al desempleo.

Incluye el derecho a un sistema de previsión social público y universal, a una vivienda digna, asequible y accesible, a un medio ambiente saludable, al acceso universal a la cultura, a aprender euskera de forma gratuita y a dirigirse a las instituciones en la lengua oficial que deseen.

Asegura que el pueblo gitano asentado en Euskadi “desde hace 500 años” merece un reconocimiento y protección en un marco integral de los derechos humanos.

También reconoce el derecho de la ciudadanía vasca a la diversidad sexual y de género.

Así, se indica que “ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, modificar o negar su orientación sexual, prácticas sexuales, expresión o identidad de género”.

También incluye la diversidad religiosa y especifica que las instituciones vascas se regirán por el principio de laicidad.

En el capítulo dedicado a las mujeres, señala que estas deben tener derecho a vidas dignas, libres y plenas, exentas de toda forma de violencia machista y de todo tipo de discriminación.

“Las mujeres tienen derecho a no estar obligadas ni condicionadas a hacer labores de cuidado o a realizar trabajos del hogar por el mero hecho de ser mujeres”, concreta.

Y las instituciones vascas garantizarán la transversalidad en la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas.

En cuanto a política exterior, el texto acordado reconoce a Euskadi la capacidad de representación en la Unión Europea, en las instituciones y organizaciones internacionales y la potestad de mantener relaciones exteriores con otros “estados, naciones, países y regiones”.

Recoge la “participación directa y efectiva” en las reflexiones y en los procedimientos de toma de decisiones de los órganos e instituciones de la UE, entre ellos en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin).

Reclama una “adecuada representación” en el Parlamento Europeo y para ello plantea la reforma de la legislación electoral general estableciendo una circunscripción propia para Euskadi, con el fin de garantizar una representación en este organismo adecuada al modelo de relación confederal entre el nuevo sujeto político y el Estado.

Aboga por fijar mediante pacto la posición negociadora inicial del Estado en la UE cuando los temas afecten al autogobierno vasco.

Asimismo, propugna la creación de una eurorregión que abarque a Euskadi, Navarra, y País Vasco francés, con la posibilidad de poner en marcha órganos permanentes y comunes.

También se contempla que el Gobierno Vasco y los territorios históricos puedan acudir directamente a los tribunales comunitarios cuando se vean afectados por decisiones de las instituciones europeas. En este sentido, prevé que puedan instar al Ejecutivo central a interponer acciones para defender los intereses de estas instituciones.

Además, se podrá establecer una delegación para la defensa de sus intereses en la Unión Europea.

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