El Parlament aprueba la Ley de Transitoriedad pese a los ataques del Tribunal Constitucional

El Parlament ha aprobado este viernes a las 00.48 horas la ‘Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana’ con la que JxSí y la CUP quieren...
Catalunya

El Parlament ha aprobado este viernes a las 00.48 horas la ‘Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana’ con la que JxSí y la CUP quieren consumar la ‘desconexión’ de Cataluña del resto de España si gana el ‘sí’ en el referéndum del 1 de octubre, y lo ha hecho pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido poco antes la tramitación de la norma.

El texto se ha aprobado con los 71 votos de JxSí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, y los 10 votos en contra de SíQueEsPot, mientras que Cs, PP y PSC no han votado porque de nuevo han abandonado el hemiciclo –ya lo hicieron este miércoles en el debate de la ley del referéndum– en protesta porque consideran que la ley es manifiestamente inconstitucional y antiestatutaria.

JxSí y la CUP se consideran legitimados para sacar adelante esta ley pese a la decisión del Tribunal Constitucional (TC): Jordi Orobitg (JxSí) ha tildado a España de Estado opresor, y Benet Salellas (CUP) ha avisado de que para culminar la independencia el soberanismo tendrá que “desobedecer” al Alto Tribunal.

Salellas ha alertado de que el proceso independentista debe culminarse cuanto antes y con determinación, por mucho que el TC trate de amedrentar: “El tiempo corre en nuestra contra porque el Estado se está rehaciendo y reconstruyendo”.

Orobitg ha proclamado que, con la ley de transitoriedad de este viernes y la ley del referéndum que se aprobó el miércoles, se consigue que Cataluña sea un Estado independiente si los catalanes lo quieren el día 1-O: “Para Cataluña y los catalanes, ¡Salud y república! Para Cataluña y los catalanes ¡Viva Cataluña libre!”.

Gordó ha defendido la ley, aunque ha matizado que le gustaría que fuera más inclusiva y ha advertido de que la norma “crea dudas jurídicas y es técnicamente mejorable”.

La líder de Cs y de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas, ha tildado la ley de transitoriedad de “atropello a la democracia” y ha augurado que no tendrá nunca efectos jurídicos porque considera que es manifiestamente inconstitucional y que así lo determinarán los tribunales.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha criticado que es una estrategia de agitación y propaganda de JxSí y la CUP, y ha alertado de que el independentismo “se ha convertido en la principal amenaza que en estos momentos tiene la UE”.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha sostenido que la norma pretende “liquidar la Constitución y el Estatut”, ha asegurado que tiene un escaso rigor jurídico, y también que substituye el actual ordenamiento legal por un modelo de escasa calidad democrática, a su juicio.

El portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, considera que con la aprobación de las dos leyes –la fundacional y la del referéndum– JxSí y la CUP “se han pulido el capital político catalán en 48 horas negras”.

Bautizada como la principal ley de ‘desconexión’, la norma entrará en vigor solo si gana el ‘sí’ a la independencia en el referéndum del 1 de octubre y su recorrido es limitado: define un corpus legal transitorio hasta la redacción definitiva de una eventual Constitución catalana, prevista para antes de 2019.

Hasta entonces, si se aplica esta ley “suprema” Cataluña puede ser una república ‘de derecho, democrática y social’; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pasa a ser automáticamente el jefe del Estado; se asume el control de fronteras y aduanas, y se expulsa al Ejército hasta que una futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio o se prescinde de él.

La ley prevé que los empleados públicos del Estado se integren automáticamente en el cuerpo funcionarial de la Generalitat, y que pasen a tener doble nacionalidad –catalana y española– todos los que tengan la nacionalidad española y estén empadronados en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016.

Entre otras novedades, se creará un nuevo ordenamiento jurídico: uno de los cambios más sustanciales es la substitución del Tribunal Constitucional (TC) –pasará a denominarse Sala de Garanties– y del Tribunal Supremo (TS), cuyas funciones pasarán a ser asumirlas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

 

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