Human Rights Watch lo tiene claro: la Policía utilizó una fuerza excesiva en Cataluña

La ONG Human Rights Watch ha denunciado  el “uso excesivo de la fuerza” el pasado 1 de octubre en Cataluña. En un informe que el propio Carles Puigdemont ha...
JORNADA 1 OCTUBRE

La ONG Human Rights Watch ha denunciado  el “uso excesivo de la fuerza” el pasado 1 de octubre en Cataluña. En un informe que el propio Carles Puigdemont ha calificado de “demoledor” la entidad confirma que tras hablar con víctimas y testigos y revisar las pruebas de vídeos y fotografías de Girona y de dos pueblos de las provincias de Girona y Barcelona, pudo confirmar que “la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía usaron la fuerza excesiva cuando intentaban ejecutar órdenes judiciales para evitar la encuesta”.

La organización denuncia en el informe que ha hecho público en su página web  que “la policía puede tener la ley de su parte para hacer cumplir una orden judicial, pero no les daba el derecho de usar la violencia contra manifestantes pacíficos”.

La organización rechaza el argumento del gobierno español de que las acciones de los agentes del orden fueran “prudentes, apropiadas y proporcionadas al objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos de todos los ciudadanos” y que no estuvieran dirigidas con la ciudadanía. En este sentido, recuerda que días después, el delegado del gobierno en Cataluña pidió perdón por las cargas.


Human Rights Watch considera que  “el Gobierno español tiene la obligación de garantizar que se lleve a cabo una investigación efectiva sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluidos los graves incidentes documentados por Human Rights Watch”. Y que, dada la situación actual de confrontación “España debería considerar solicitar la asistencia de un organismo internacional independiente”.

“España es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, le recuerda, “que imponen obligaciones específicas con respecto al derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden”. Por ello “España debe garantizar que las personas disfruten del derecho de reunión pacífica y puedan expresar libremente sus opiniones. Si bien el gobierno puede imponer algunas restricciones a esos derechos, las medidas deben ser necesarias y proporcionadas para un objetivo legítimo. Incluso cuando la gente puede actuar ilegalmente, el Estado no puede privarlos de sus derechos, ni usar fuerza excesiva”.

“En estos momentos de división es especialmente importante que las autoridades respeten los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y reunión, y el estado de derecho”, recuerdan en el informe. “Las promesas de Madrid y Barcelona de cooperar plenamente con una investigación independiente sobre la violencia el 1 de octubre serían un paso importante hacia el restablecimiento de la confianza”.

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