Gipuzkoa muestra “su rotunda discrepancia” con la petición fiscal de Alsasua

Las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa han aprobado hoy una resolución, propuesta por PNV, EH Bildu y Podemos, y a la que se han opuesto PSE y PP, en...
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Las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa han aprobado hoy una resolución, propuesta por PNV, EH Bildu y Podemos, y a la que se han opuesto PSE y PP, en la que muestra “su más rotunda discrepancia” con la petición fiscal para los ocho detenidos por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra).

La resolución conjunta ha sido debatida esta mañana con carácter de urgencia en la comisión de Convivencia y Derechos Humanos del parlamento guipuzcoano, después de que la Comisión Permanente aceptara el pasado martes su debate en esas circunstancias.

Los tres grupos proponentes habían justificado la urgencia del tratamiento de su resolución ante “el asombro y resentimiento” que, en opinión de los tres grupos proponentes, había creado la petición fiscal en “los pueblos y barrios” de Euskadi, por “la absoluta desproporción entre los hechos ocurridos y la calificación penal de los mismos”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó penas de entre 62 años y 6 meses, y 12 años y 6 meses de cárcel para los ocho jóvenes acusados de la agresión registrada el 15 de octubre pasado en un bar de Alsasua, para siete de los cuales pidió condenas por delitos de lesiones terroristas.

Según el texto aprobado hoy, las Juntas guipuzcoanas expresan su “gran preocupación por el devenir de los acontecimientos”, al constatar que “este caso ha llegado a un nivel de desproporción y sirazón inaceptables”.

Tras reiterar su “firme compromiso con la convivencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas”, la cámara foral ha considerado que “la desproporción que rodea a este caso es contraria a la normalidad y la convivencia democráticas”.

Ha expresado asimismo su apoyo a “la motivación de la Audiencia Provincial de Navarra, respecto a la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo”, por lo que considera que la competencia para instruir y juzgar los hechos ocurridos en Alsasua “debería corresponde a los juzgados de Pamplona.

El PSE/EE ha explicado por su parte, en un comunicado, que ha votado en contra de la resolución porque considera que “no puede ser cómplice de pronunciamientos que olviden que aún quedan focos de odio, rechazo y amenaza que a veces se manifiestan de forma inocua pero otras, desgraciadamente, dejan ver el aliento de intolerancia y violencia que puede esconderse tras ellos”.

Los socialistas guipuzcoanos reconocen no obstante que “la interpretación del ordenamiento jurídico” debería encaminarse hacia “la consolidación de la nueva realidad que vive la sociedad vasca” y que los hechos de Alsasua podrían ser enjuiciados por “la jurisdicción ordinaria”.

El PP ha opinado, en otro comunicado, que la aprobación de la resolución sobre las agresiones de la localidad Navarra suponen “una intromisión e intento de presión política” en el procedimiento judicial que se instruye por las mismas.

El único juntero popular en Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, ha insistido en que lo sucedido “no fue una cuestión de orden público, sino una secuencia de odio, una agresión de extrema gravedad hacia la Guardia Civil”, y se ha mostrado partidario de “ser garantista con los procedimientos judiciales, no sólo con los que nos gustan”.

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