EH Bildu llevará al Supremo la rescisión de contrato de la incineradora de Gipuzkoa

EH Bildu ha anunciado hoy que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo, a través de las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Medio, la sentencia del Tribunal Superior de...
Incineradora

EH Bildu ha anunciado hoy que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo, a través de las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Medio, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha ratificado la anulación del acuerdo de rescisión del contrato de la incineradora,

El acuerdo de rescisión del contrato adoptado por la mayoría de la que Bildu disfrutaba en el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa en noviembre de 2013 fue anulado en diciembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gipuzkoa, en una resolución que fue recurrida por las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Medio.

El recurso ha sido desestimado ahora por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha rechazado los argumentos de estas dos mancomunidades, basados en intentar demostrar que se rescindió el contrato de adjudicación porque era necesario redactar un nuevo proyecto para redimensionar la incineradora, ya que los datos de generación de la fracción resto habían descendido.

Sin embargo, el tribunal considera que la “verdadera intención” del Consorcio controlado por EH Bildu “no era propiciar la construcción de las infraestructuras en el modo que le había sido encomendado” -por las Juntas Generales- sino “desistir definitivamente de la construcción de siquiera uno de sus elementos fundamentales, la incineradora, por disconformidad de sus rectores con el modelo de eliminación de residuos imperante y suplantarla por la vía de los hechos consumados por otro sistema alternativo”.

EH Bildu ha defendido, en un comunicado, su gestión en la pasada legislatura y se ha ratificado en que los dirigentes de la Diputación de Gipuzkoa y del Consorcio “actuaron cumpliendo la ley al 100 %”.

Ha insistido en que la incineradora estaba “sobredimensionada”, por lo que era necesario rescindir el contrato “por el interés general de la ciudadanía”.

“Lo cual ha quedado demostrado con las decisiones tomadas por el actual Gobierno foral, que ha acabado reduciendo de forma considerable las dimensiones de la planta inicial”, ha añadido la coalición.

Además, esta formación ha destacado que la sentencia del TSJPV, aunque ratifica la anulación del acuerdo de rescisión del contrato, “da la razón a EH Bildu en aspectos muy relevantes”, al confirmar que GHK “sí tenía competencia para tomar dicha decisión”.

A juicio de la coalición, “las personas con responsabilidades públicas tienen la obligación de impedir que se construya una infraestructuras sobredimensionada, con el fin de evitar los perjuicios que pudiera ocasionar”.

“Una administración pública debe defender hasta el final los intereses de la ciudadanía, especialmente en dos ámbitos: la protección de la salud y del dinero público”, ha argumentado la coalición.

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